Iglesias, Montero y Mayoral, entre otros, acusaron en 2018 a Rajoy de intentar crear un “Ministerio de la Verdad”. El PSOE habló de “censura”
El vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, esta semana en el Senado.
“Que el Gobierno decida qué información es «verdad» es el adiós de la libertad de expresión y de la democracia”. Así opinaba Podemos en Twitter en 2018 sobre la propuesta del Partido Popular para “garantizar la veracidad de las informaciones que circulan por servicios conectados a internet y evitar injerencias que pongan en peligro la estabilidad institucional en España”.
Dos años y medio más tarde, y con un Gobierno de coalición del que es miembro el partido de Pablo Iglesias, el Consejo de Seguridad Nacional ha aprobado un plan para “establecer medios de funcionamiento y mecanismos dirigidos a evaluar de manera continua el fenómeno de la desinformación a nivel global y particularmente para España”.
No obstante, la posición ahora favorable, tanto de Podemos como de los socialistas, dista notablemente de las opiniones que manifestaron hace apenas dos años y medio sobre la idea planteada por los populares. Tanto es así, que desde las cuentas de la formación morada en redes sociales se tachó la iniciativa como la creación del “Ministerio de la Verdad”.
El propio Iglesias, líder del partido y hoy vicepresidente segundo, se mostró en contra de una “Ley Mordaza 2.0”, al considerar que el PP pretendía “erigirse” como “defensores de la verdad”, al mismo tiempo que criticaba el uso propagandístico de RTVE por parte del Gobierno.
“Se está induciendo a una confusión muy grave por las ganas que tienen algunos de meterle mano a la libertad de información”, relataba la imagen que acompaña al texto en Twitter:
Por su parte, la hoy ministra de Igualdad, Irene Montero, en aquel momento portavoz de Podemos en el Congreso, publicó un tuit acompañado por un vídeo en el que consideraba que el plan del PP era “coartar la libertad de expresión en las redes” a través del “eufemismo” de “garantizar la veracidad de las informaciones”.
En el mensaje, Montero señalaba que el PP mintió tras los atentados del 11-M y que utilizó el Ministerio de Interior para “fabricar pruebas falsas contra sus adversarios políticos”, además de que RTVE acumulaba decenas de denuncias por “manipulación y censura”.
La opinión de Podemos fue defendida el 13 de marzo de 2018 en la Cámara baja por el diputado Rafael Mayoral, quien consideró que el PP buscaba “la imposición de la verdad oficial” y así “acabar con la libertad de información”.
Podemos compartió la intervención de Mayoral en Twitter a través de un vídeo de casi siete minutos. El material audiovisual iba acompañado de un mensaje: “Alguien le ha pasado al PP el libro 1984 de Orwell y se ha creído que era un manual de instrucciones”.
“Un campo minado”
Por parte del PSOE, y según figura en el Diario de Sesiones, intervino en aquel pleno el diputado Ignacio Sánchez Amor, quien, pese a mostrar su aprobación a parte de la propuesta, dijo tener “diferencias abismales” hacia “enfoque en general” planteado por el popular Teodoro García Egea sobre “detectar noticias falsas” para “sellarlas”, lo que definió como “un recorte de libertades fundamentales”, incluso “censura”.
“Para colmo, lo que propone es que esa operación la hagan instituciones públicas especializadas. Doy por hecho que no se refiere usted a los jueces, (…) luego entiendo que esas instituciones públicas especializadas serían del ámbito gubernamental, con lo cual al final el Gobierno, por vía administrativa y sin control judicial, censura información en base a una falsedad que el propio Gobierno determina”, sentenció Sánchez Amor, que definió la propuesta como “un campo minado” que va “en contra de las libertades fundamentales”.
Contra medios privados
Iglesias ya defendía en 2014 que “lo que ataca la libertad de expresión es que la mayor parte de los medios sean privados”, según reconoció en una entrevista en Galiza Ano Cero, y cuyas declaraciones han vuelto a la palestra a raíz de un tuit publicado por el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida.
“Si la información es un derecho, en la medida en que un derecho se convierte en susceptible de mercantilización y de ser una propiedad privada, se convierte en un privilegio”, explicaba Iglesias. “¿Por qué esto de tener medios va a ser un privilegio de los ricos?”, se acababa preguntando.
Preguntado sobre si es necesaria una mayor regulación de los medios, Iglesias considera en el vídeo “crucial” crear la figura política del “ministro de Comunicación”, para la cual tomaría “como referencia” los modelos vistos en “Ecuador, Argentina y Venezuela”.
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