El Ministerio Público considera que el juez del ‘caso Villarejo’ debe investigar al vicepresidente del Gobierno por el llamado ‘caso Dina’
Pablo Iglesias habla con el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, este miércoles en el Congreso.
EFE
La Fiscalía del Tribunal Supremo considera necesario extender más la investigación del caso Dina antes de adoptar una postura definitiva sobre si se debe abrir o no causa penal al vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, en esta pieza separada de Tándem, donde se investiga el robo y la difusión de datos del móvil de la ex asistente de PodemosDina Bousselham.
Fuentes fiscales consultadas por EL MUNDO sostienen que los ocho fiscales de Sala de lo Penal del Alto Tribunal han acordado en el dictamen remitido a la Sala Segunda -firmado por la fiscal Pilar Fernández Valcárcel– enviar de nuevo el procedimiento al magistrado de la Audiencia NacionalManuel García Castellón para que practique varias diligencias, entre ellas tomar una nueva declaración a la propia Bousselham.
El Ministerio Público considera que el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6 es el juez competente para continuar con la investigación de estos hechos. La Fiscalía aprecia indicios de un posible delito de revelación de secretos o descubrimiento y otro de daños informáticos en la actuación del líder de Unidas Podemos, pero descarta que Iglesias haya cometido presuntamente la simulación de delito o denuncia falsa.
“Existen indicios sólidos de la posible existencia del delito de revelación de secretos. Pero el legislador ha querido por las razones expuestas, que sea necesaria denuncia de la persona agraviada, artículo 201.1 del Código Penal. Dina Bousselham denunció la sustracción de su móvil, denunció las publicaciones de alguno de sus contenidos por Okdiario y denunció ya en el seno de esta Pieza separada” explican los fiscales de Sala. Sin embargo, el Ministerio Público considera que tanto la Bousselham, como su pareja De Sa Ferreira deben ser oídos por el instructor.
Indicios de dos delitos
Los fiscales sostienen que en el interrogatorio a Bousselham deberá detallarse “si le pidió permiso o autorización Pablo Iglesias, el día 20 de enero de 2016, para que examinara sin restricciones el contenido de su tarjeta de memoria” de su teléfono móvil. En caso negativo, “si manifiesta ahora que consiente, tolera y acepta que aquél hubiera entrado en el conocimiento de todos los documentos, fotografías, incluidas las íntimas y personales, archivos y comunicaciones contenidos en la tarjeta de su titularidad, pues de haber conocido que iba a hacerlo le hubiera otorgado su expreso consentimiento”.
Sobre el delito de daños informáticos, la Fiscalía del Alto Tribunal recalca que la “tarjeta de memoria mini SD que procedía del móvil de Bousselham llega a Pablo Iglesias quien la visualiza y la retiene en su poder, sin informar a Dina de su recuperación. No puede señalarse, de momento, el tiempo exacto en que es devuelta a Dina Bousselham. Pero existen indicios sólidos sobre una fecha cierta en la que la tarjeta estaba ya en su poder”.
De ahí, que el Ministerio Fiscal solicite una ampliación de la prueba pericial “para poder concretar cuáles son las causas que impiden acceder a la información de la tarjeta, cual fue el sistema o la técnica empleada para proceder al borrado, eliminación, deterioro, inservibilidad o inaccesibilidad de los archivos que la tarjeta contenía, y si es posible proceder a la recuperación de todos estos datos y fecha del último acceso”.
El fiscal descarta la denuncia falsa ya que “los hechos que relata el Instructor respecto de la existencia indiciaria de este delito, están repletos de valoraciones que no se revelan lógicas sólidamente, desde los indicios que señala en la exposición que eleva a esa Sala”.
La Fiscalía considera necesario seguir investigando los hechos antes de fijar una postura sobre si debe investigar o no al aforado en el Alto Tribunal, puesto que la jurisprudencia exige que los indicios sean “cualificados” en estos casos.
La última palabra, el Supremo
El teniente fiscal del Tribunal Supremo, Luis Navajas, dio su plácet a que fueran los fiscales de Sala de Penal del Alto Tribunal Pilar Fernández Valcárcel – a quien se le asignó el asunto-, Juan Ignacio Campos, Fidel Cadena, Jaime Moreno, Javier Zaragoza, Fernando Rodríguez Rey, Consuelo Madrigal y José Luis Bueren quienes de forma conjunta fijasen la postura definitiva sobre la apertura de un procedimiento penal al aforado.
El pasado 7 de octubre el juez Manuel García Castellón elevó una exposición razonada contra Iglesias por la presunta comisión de delitos de denuncia falsa y/o simulación delito, descubrimiento y revelación de secretos -con agravante de género- y delitos de daños informáticos.
En la exposición razonada enviada a la Sala Segunda, el instructor expuso cómo Iglesias trató de simular que era víctima de un encargo del comisario José Manuel Villarejo para desprestigiarlo a raíz del robo del móvil de su ex asesora. Ahora, el TS podrá rechazar la exposición razonada de García Castellón, admitirla a trámite o devolverle el caso al instructor tal y como ha solicitado este viernes la Fiscalía.
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