Educación
La enmienda acordada entre PSOE, Podemos y ERC ha salido adelante en el Congreso por 26 votos a favor, 16 en contra y la abstención del PNV. PP, Ciudadanos y Vox han votado en contra
Isabel Celaá, ministra de Educación, en una sesión de control en el Senado.
El castellano dejará de ser lengua vehicular de la enseñanza y lengua oficial del Estado. Así se ha acordado esta tarde en la cuarta y última ponencia de la Ley Celaá que se ha celebrado en el Congreso.
La enmienda transaccional acordada entre PSOE, Unidas Podemos y ERC ha salido adelante por una mayoría de 26 votos a favor, 16 en contra y la abstención del PNV. Ha obtenido el respaldo de Bildu y Más País, mientras que el PP, Ciudadanos, UPN y Vox han votado en contra. Estos partidos recurrirán la ley ante el Tribunal Constitucional porque consideran que supone un «atropello» a los derechos fundamentales de los alumnos que atenta contra la libertad educativa.
El texto que ha sido acordado deja en manos de las comunidades autónomas la capacidad de controlar si se enseña en castellano en las escuelas con lengua cooficial y no habilita ningún mecanismo para que, desde el Estado, el español pueda utilizarse como lengua vehicular de la enseñanza, como han establecido los tribunales.
“El Gobierno está entregando la educación a cambio de votos para afianzar sus Presupuestos“, ha expresado Cuca Gamarra, portavoz del Grupo Parlamentario Popular. “Los españoles no merecen pagar ese alto precio para que el presidente siga en la Moncloa”.
“La enmienda me parece gravísima y lo pararemos desde otras instituciones. Con los derechos fundamentales, señores del Gobierno, no se mercadea. Y menos si afectan a menores”, ha señalado Marta Martín, portavoz de Ciudadanos en el Congreso.
Joaquín Robles, portavoz de Educación de Vox en la Cámara Baja, ha añadido que esta ley supone “la culminación de un proyecto de inmersión lingüística que tiene como meta la ruptura de la unidad nacional por la vía de los hechos”.
Recortes a la escuela concertada
Además de la enmienda del castellano, ha sido aprobada también otra transaccional que impide que los centros que separan por sexos puedan recibir subvenciones públicas, a pesar de que es un modelo que avala el Tribunal Constitucional. “No se destinará ni un solo euro a la escuela elitista que segrega por sexos. Quien quiera llevar a sus hijos, en un delirio fundamentalista y sexista, a estos centros lo tendrá que pagar de su dinero”, ha expresado Joan Mena, portavoz de Educación de Unidas Podemos en el Congreso.
A lo largo de estas cuatro sesiones, se han ido recortando progresivamente los derechos de la escuela concertada, donde estudia el 25% del alumnado. En la puerta del Congreso se ha manifestado una multitud de personas, conducidos por la plataforma Más Plurales, que defiende “el derecho de todos los españoles a elegir libremente el proyecto educativo que consideran mejor para sus hijos”.
La Plataforma Más Plurales, que ha juntado a asociaciones de padres y madres de alumnos, sindicatos, empresas y diferentes colectivos, ya ha recogido 300.000 firmas contra la reforma educativa.
Las familias de la educación especial también se preparan para la movilización en las calles porque sus propuestas no han tenido seguimiento durante la ponencia. Este colectivo pedía la eliminación de una disposición adicional que, denuncian, convertirá a los centros de educación especial en meros centros de referencia, sin los recursos necesarios.
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