La propuesta no tiene cabida en el orden constitucional y será rechazada con los votos de PSOE, PP, Vox y Ciudadanos
La diputada de ERC, Montse Bassa, junto a los representantes de Junts, PdeCAT y la CUP, en el Congreso.
EFE
ERC, CUP, Junts y PDeCAT han registrado en el Congreso una proposición de ley de amnistía, una figura no comprendida en el marco de la Constitución española, que prohíbe los indultos generales, con el objetivo de “poner borrón y cuenta nueva” a la causa contra el proceso secesionista y a la “venganza y a la desproporción represiva del Estado”. Se trata de una iniciativa condenada al fracaso no sólo por su falta de acomodo a la ley sino porque las principales fuerzas políticas, PSOE, PP, Vox y también Ciudadanos la rechazarán. Por el contrario, Unidas Podemos votará a favor de la misma o, en su defecto, se abstendrá, en tanto que Bildu, BNG y PNV la apoyarán. Se trata pues de una propuesta que volverá a evidenciar las discrepancias en el seno de la coalición de Gobierno.
“Rechazar esta ley”, ha advertido la diputada de ERC, Montse Bassa, “será mantener la injusticia y la venganza y querer negociar con rehenes”. Esta propuesta, según la nueva portavoz de Junts, Miriam Nogueras, es la oferta de las fuerzas independentistas al Gobierno. “No podemos hacer política si hay presos”, ha añadido Ferran Bel, representante del PDeCAT, para quien esta proposición de ley es una “interpelación expresa a la conciencia de cada uno de los 350 diputados” para “poder desarrollar política democrática en Cataluña“. “Es la solución óptima”, ha insistido.
La proposición que presentan pretende, aseguran, poner fin a las condenas y a las represalias que padecen no sólo los nueve presos por el 1-O, sino también los fugados de la Justicia y los “más de 3.000” perseguidos por ser independentistas. “Engloba todos los tipos de persecución delictiva”, ha aclarado la portavoz de la CUP, Mireia Vehí.
La proposición consta de seis artículos y una disposición final. Su primer apartado reza: “Quedan amnistiados todos los actos de intencionalidad política, cualquiera que fuera su resultado, tipificados como delitos o como conductas determinantes de responsabilidad administrativa llevadas a cabo desde el 1 de enero de 2013 y hasta el momento de la entrada en vigor de esta ley, cualquiera que sea su denominación y contenido. Se entenderá como intencionalidad política cualquier hecho vinculado a la lucha democrática por la autodeterminación de Cataluña”.
“Actos de protesta en la vía pública”
Ahí se incluyen la “preparación, organización, convocatoria, financiación, favor, promoción, ejecución y celebración tanto del proceso participativo sobre el futuro político de Cataluña del 9 de noviembre de 2014 como del referéndum de autodeterminación del 1 de octubre de 2017, así como los actos de protesta en la vía pública que, con el fin de defender el citado referéndum o criticar las actuaciones de las autoridades gubernamentales o jurisdiccionales”.
En cualquier caso, precisan, que la amnistía afectará a los delitos de rebelión y sedición, prevaricación, falsedad, malversación de caudales públicos, desobediencia o revelación de secretos, así como los actos de expresión y opinión considerados como de incitación al odio y además frenará cualquier tipo de proceso en el ámbito europeo o internacional, en clara referencia a los trámites de extradición de los fugados.
A efectos de la ley, se ordenaría la libertad inmediata de quienes se encuentren en prisión y se suspenderán las órdenes de búsqueda y captura de los huidos. Además se devolverían íntegros y con intereses los importes de todas las sanciones, fianzas y multas impuestas.
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