Educación
Enmiendas a la ‘Ley Celaá’
Ultiman un acuerdo para que el castellano deje de ser lengua vehicular en la enseñanza. Rufián presume del pacto y Montero lo respalda: “Hay que dialogar”
La ministra de Educación, Isabel Celaá, en el Congreso.
La ministra Isabel Celaá se prestó mientras redactaba su reforma educativa a dejar en manos de los gobiernos regionales el control de las lenguas utilizadas en las escuelas. Ahora, en plena negociación para conseguir el respaldo de los partidos nacionalistas a los Presupuestos Generales del Estado, PSOE y Unidas Podemos acceden a una reivindicación de ERC que limitará aún más la presencia del castellano en las aulas de Cataluña, Islas Baleares o la Comunidad Valenciana.
Los partidos del Gobierno de coalición ultiman con Esquerra una enmienda transaccional a la Ley Celaá por la que el español perderá su rango de lengua vehicular de la enseñanza, una modificación que romperá el blindaje que le proporcionó la Lomce de José Ignacio Wert.
El contenido de la enmienda fue adelantado este martes por El País, que dio por cerrado el acuerdo. Fuentes de Unidas Podemos confirmaron que esta enmienda «se está negociando», pero aseguraron que «aún no está cerrada». «Estamos en ello», indicaron, y sostuvieron que no será hasta este jueves cuando se reúna la ponencia de la Lomloe donde previsiblemente se aprobará.
En ERC añadieron que el objetivo de la enmienda es «blindar el catalán como lengua vehicular» de la enseñanza. El diputado Gabriel Rufián no tardó en salir a presumir del acuerdo en Twitter: «Más allá del ruido hay política», celebró junto a un enlace a la noticia, dando a entender que, a diferencia del «ruido» que atribuye a sus rivales de JxCat, su línea de negociación con el PSOE ha logrado sus frutos.
El Gobierno también respaldó el acuerdo. Preguntada por la enmienda tras el Consejo de Ministros, la ministra portavoz, María Jesús Montero, justificó esta medida argumentando que hay que «hay que dialogar» y reconocer «la diversidad» y «pluralidad» que se vive en España.
«Hay que dialogar y hablar con el conjunto de fuerzas políticas para intentar consensuar un texto lo más amplio posible y que reconozca la libertad, la diversidad y la situación que vivimos en nuestro país en pluralidad lingüística y capacidad de que cada uno, en función de la igualdad de oportunidades, se pueda expresar en las condiciones que le marca su propio territorio», expresó Montero, la encargada precisamente del proyecto de Presupuestos.
«La lengua vehicular no es un término que aparezca en la Constitución», defendió a Efe la portavoz de Educación del PSOE en el Congreso, Mari Luz Martínez Seijo, que prometió que la enmienda será tan «garantista» que, en su primer punto, hará referencia a la Constitución y a los estatutos de Autonomía.
¿Qué cambiará? El proyecto de ley aprobado en marzo en el Consejo de Ministros recogía un redactado muy parecido al de la Lomce: «Las administraciones educativas garantizarán el derecho de los alumnos y las alumnas a recibir enseñanzas en castellano, lengua oficial del Estado, y en las demás lenguas cooficiales en sus respectivos territorios. El castellano y las lenguas cooficiales tienen la consideración de lenguas vehiculares, de acuerdo con la normativa aplicable». Esta última frase será la que se suprima de la ley, donde dejará de mencionarse la vehicularidad. A cambio, se sustituiría por una referencia a que las autonomías deben asegurar el derecho a recibir la enseñanza en castellano y en las lenguas cooficiales de cada territorio de acuerdo con lo prevén la Constitución y los Estatutos de Autonomía, tal y como reclaman los nacionalistas.
No desaparecerá que «al finalizar la educación básica, todos los alumnos y alumnas deberán alcanzar el dominio pleno y equivalente en la lengua castellana y, en su caso, en la lengua cooficial correspondiente».
Pero el problema es que la Lomloe ha dado a las CCAA la capacidad de aplicar «los instrumentos de verificación, análisis y control propios del sistema educativo» y son ellas los que se van a encargar de garantizar «que todos los alumnos alcanzan la competencia en comunicación lingüística, en lengua castellana y en su caso en las lenguas cooficiales, en el grado requerido». Se da la circunstancia de que la Generalitat se ha negado de forma sistemática a garantizar más enseñanza en castellano pese a que los tribunales le han obligado a ello, alegando que el catalán es la única lengua vehicular.
En la Ley Celaá ya se borra la obligación de impartir clases en castellano en una proporción «razonable» y no se contempla ningún mecanismo para garantizar clases en esta lengua a las familias que lo reclamen, fiándolo todo a la buena fe de unas CCAA que de momento no cumplen.
Según José Domingo, de Impulso Ciudadano, la enmienda «elimina el derecho a ser escolarizado en castellano» y dificultará que las familias puedan «acudir a los tribunales» y ganar los juicios, como ocurre ahora, ya que numerosas sentencias judiciales han establecido la obligación de ofrecer al menos el 25% de las horas semanales de clase en castellano, el equivalente a una asignatura más, además de Lengua y Literatura.
Ana Losada, presidenta de la Asamblea por una Escuela Bilingüe, denuncia que «este pacto político por intereses partidistas atenta contra los derechos de todos los alumnos catalanes, ya sean catalanohablantes como castellanohablantes, y su único objetivo es facilitar la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado por parte del independentismo».
PP y Ciudadanos condenaron el acuerdo «para excluir el castellano como lengua vehicular en la educación». Según Sandra Moneo, responsable de Educación del PP, «es un auténtico atropello que vulnera los más esenciales principios de derechos y libertades que se recogen en nuestra Carta Magna». «El futuro de nuestros niños, de las futuras generaciones, no puede usarse como moneda de cambio para que Sánchez pueda seguir en La Moncloa», advirtió.
Marta Martín, diputada de Ciudadanos en el Congreso, añadió que la «tramitación de la Lomloe está siendo vergonzosa». «Es gravísima la eliminación del castellano, pero no es la única tropelía», dijo, denunciando la «falta de transparencia» con que se está tramitando la ley educativa.
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