La norma deja en manos de un reglamento posterior el nivel de exigencia del valenciano para cada escala de la administración y la posibilidad de establecer excepciones en áreas sensibles como Sanidad
El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, conversa con la vicepresidenta, Mónica Oltra, en las Cortes Valencianas.
EFE
El valenciano será, a partir de ahora, un requisito y no sólo un mérito para ser funcionario en la Comunidad Valenciana. Socialistas, Compromís y Unidas Podemos han conseguido finalmente sacar adelante, tras años de tiras y aflojas, la nueva Ley de Función Pública que establece la obligatoriedad de cualquier aspirante a ser empleado público a “acreditar la competencia lingüística en los conocimientos de valenciano”.
El texto legal, aunque introduce efectivamente el requisito del valenciano, deja en manos de un reglamento posterior el nivel de exigencia que se establecerá para cada una de las escalas de la administración y la posibilidad de establecer excepciones bien para zonas castellanohablantes o bien para determinadas áreas como, por ejemplo, la Sanidad.
Este aspecto, la posibilidad de eliminar el requisito para determinados ámbitos de la función pública, es el que ha provocado los principales desencuentros entre Compromís, partidario de aplicar el requisito sin condicionantes, y el PSOE, más abierto a introducir salvaguardas para garantizar el acceso de profesionales sin titulación de valenciano en áreas especialmente sensibles como la Sanidad.
La aprobación de la nueva Ley de la Función Pública se ha producido en mitad de una gigantesca bronca política entre los partidos del gobierno y los de la oposición, que han exigido vehementemente la eliminación del requisito lingüístico y mantener el sistema actual de méritos.
Bronca política
Durante el debate parlamentario previo a su aprobación, el PP, Ciudadanos y Vox marcaron un frente común y enarbolaron un discurso muy duro contra la nueva ley, a la que llegaron a calificar como “sectaria”, “bodrio”, “chorrada” o “memez”. Los tres partidos de la oposición, además, acusaron a los partidos del gobierno autonómico de buscar la imposición del valenciano y de “arrinconar”, “perseguir” y “marcar” a los castellanohablantes.
Para el diputado del PP José Antonio Rovira, la ley no es necesaria y es “sectaria” porque pretende imponer el valenciano y la hoja de ruta de Compromís para “construir la nación valencia en un sentido catalanista”, y donde, a su juicio, el PSPV “solo juega el papel de tonto útil”.
“Su objetivo no es que uno pueda ser atendido en valenciano, su objetivo es que aquí hablemos solo catalán porque quieren que seamos el apéndice del sur de los Països Catalans”, afirmó Rovira, quien también acusó al Botànic de haber multiplicado los interinos en estos años y querer echarlos ahora “a la puta calle”.
En Ciudadanos, el portavoz improvisado hasta que se designe al sustituto de Toni Cantó fue Vicente Fernández, quien trazó un discurso extremadamente duro que sorprendió incluso a sus compañeros de partido. Fernández denunció que la norma “impedirá el acceso a un puesto de funcionario a cualquier persona que no sepa valenciano normalizado”, y acusó al Botànic de querer arrinconarles, matarles, perseguirles por no ser “naci-onalistas” como ellos.
Su intervención llegó a ser interrumpida por el presidente de las Cortes, Enric Morera, quien pidió al diputado que retirara la referencia a que se les quiere matar, a lo que el parlamentario especificó que se refería a “matar socialmente” no físicamente.
Tras calificar a los grupos del Botànic de “pandilla basura”, Fernández les criticó por no importarles los valencianos, sino imponer su modelo, y por eso traen aquí “chorradas” y “memeces”, dijo. Para finalizar, José María Llanos (Vox) destacó que la lengua “no es un derecho” y que la única que es obligatorio conocer es el español.
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