¿Cómo se sintieron tras escuchar estas palabras de Isabel Celaá?
Andrea Matarí.
– Lo que dijo fue injusto e insensible. Para mí, fue discriminación.
Juan José Matarí.
– En lo personal no me sentí de ninguna manera, pero lo vi ofensivo para las personas con discapacidad de las que yo hablaba. Ella contestó como es, con prepotencia y soberbia.
Celaá le llamó para pedirle disculpas al día siguiente.
J. J. M.
– Le agradecí la llamada, pero no necesitaba disculpas personales, sino que pidiera perdón públicamente más allá de lo que escribió cinco minutos después en Twitter.
Da la sensación de que la ministra iba con una respuesta preparada y no supo improvisar otra cosa más empática con el relato personal que usted ofreció.
J. J. M.
– Ella iba con su respuesta de descalificación personal. Vio el perfil del diputado que le preguntaba y debió de pensar: «Éste no sabe de Educación, porque es de Seguridad Vial». Por eso me dijo que no tenía contacto con los padres, pero es que yo soy un padre, le hablé con mi ejemplo directo. Y eso la descolocó. Ya no son sólo sus formas, sino que dijo cosas muy graves, como que los centros especiales son segregadores, cuando no es así. O cuando nos dijo que no defendíamos la igualdad, sino el privilegio. Ella, que es la ministra que recorta las libertades, nos habla a nosotros de privilegios. Llevó a sus hijas a colegios concertados y yo me he educado en colegios públicos y en la Universidad Complutense, conforme a lo que podía mi familia. Ahí se vio lo que piensa ella de verdad de los colegios de educación especial. Sus palabras no hacen más que reflejar su ley, radical, sectaria y con el menor apoyo recabado en la historia de las leyes educativas. Viene de un PSOE que se ha radicalizado negociando con Podemos y los independentistas.
¿No le han parecido suficientes sus disculpas?
J. J. M.
– Son insuficientes. Porque, además, nada se dice de las carcajadas que desataron sus palabras en la bancada socialista, cuando hace unos días un diputado del PP [Carmelo Romero] pidió disculpas por un improperio injustificado. [Le gritó a Íñigo Errejón: «¡Vete al médico¡» cuando éste hablaba de los problemas de salud mental de los españoles]. La ministra debe dimitir, como han exigido distintas asociaciones. Por eso vamos a pedir su reprobación. Y en los próximos días presentaremos un recurso de inconstitucionalidad.
¿Quién es Andrea Matarí?
J. J. M.
– Andrea es una persona que nació hace 25 años en Sevilla con síndrome de Down y una cardiopatía severa. En sus primeros seis meses pasó por tres operaciones del corazón y luego ha hecho una vida de bastante calidad. Estudió en el colegio especial María Corredentora y recibió formación complementaria a a través de la Fundación Prodis. Cursó un grado propio de Formación para la Inserción Laboral en la Universidad Autónoma de Madrid y es cinturón negro de kárate. En nuestro caso, es imposible que la educación que ha recibido hubiera podido obtenerla en un centro ordinario.
A. M.
– La educación especial me ha ayudado a ser autónoma. Trabajo en Accenture como auxiliar de Recursos Humanos. Me gusta muchísimo y me llevo fenomenal con mis compañeros. Mi idea es independizarme, irme de casa a vivir con mi hermana Olga, que es abogada. Pero mis padres quieren que estemos con ellos.
¿Qué cree que quiere hacer la Lomloe con la educación especial?
J. J. M.
– La ley tiene una disposición adicional redactada de forma alambicada que dice que en 10 años desaparecerán estos colegios porque escolarizarán sólo a los alumnos que requieran una atención muy especializada y pasarán a ser centros de referencia y apoyo para los ordinarios.
La ley no dice que vayan a desaparecer, y Celaá también lo ha asegurado muchas veces.
J. J. M.
– Habrá un trasvase del alumnado a los centros ordinarios, donde van a poner preferentemente los recursos.
Pero, cuando gobernaba el Partido Popular, la ley educativa también apostaba por escolarizar antes en centros ordinarios.
J. J. M.
– Con el PP no se cerró ningún centro y no había esa preocupación en las familias que hay ahora. Si está la inquietud por algo será.
¿Cómo debería haber sido redactada la ley para que hubiera tranquilizado a las familias?
J. J. M.
– Yo no soy experto, pero el PP planteó enmiendas para suprimir esta disposición. Lo políticamente correcto es la inclusión y la integración en centros ordinarios, pero para mí es más importante una educación adaptada a las capacidades de mi hija. No hay una solución única. Lo único que queremos es libertad para que los padres podamos elegir lo que lo que sea mejor para nuestros hijos.
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