Educación
El recurso de inconstitucionalidad, elaborado por el despacho de abogados de Albert Rivera, se presenta cuatro días después del de Vox
El líder del PP, Pablo Casado, en el Congreso.
El líder del PP, Pablo Casado, presentará este lunes su recurso de inconstitucionalidad contra la Ley Celaá basándose en que la reforma educativa del Gobierno vulnera la libertad de los padres para elegir el colegio de sus hijos y «priva» al castellano de su condición de lengua vehicular.
El texto, elaborado por el despacho de abogados del ex líder de CiudadanosAlbert Rivera, se registrará en el Tribunal Constitucional 4 días después del de Vox. Casado lo dará a conocer junto al presidente de Unión del Pueblo Navarro, Javier Esparza, y la presidenta de las familias de la Cofapa, Begoña Ladrón de Guevara, en un colegio concertado de Madrid.
El texto tiene 10 bloques que comienzan por la «Defensa de la Lengua Española», que señala la «privación del castellano de su condición de lengua vehicular en la enseñanza» y la designación de la asignatura Lengua Propia para referirse a lo que hasta ahora se ha conocido como Lengua Cooficial.
Otro punto apela a la libertad de enseñanza, consagrada en el artículo 27 de la Constitución, entendida por el PP como el derecho que tienen todas las familias a optar por un modelo público o concertado, ordinario o especial, diferenciado por sexos o mixto.
Los populares consideran que existe «suficiente doctrina» en el TC para defender la complementariedad de los distintos modelos. Y argumentan que la concertada, donde estudia el 25% del alumnado, «no existe exclusivamente para cubrir necesidades de escolarización, sino para dar respuesta a la propia demanda de las familias y al propio ejercicio de la libertad».
Por eso recurren el «monopolio de la prestación del servicio educativo por parte del Estado» y denuncian la «planificación de plazas escolares que prescinde de la toma en consideración de la oferta existente en centros públicos y concertados y la demanda social».
También aprecian indicios de inconstitucionalidad en el hecho de que los concertados no puedan cobrar por las extraescolares y los servicios complementarios y en que la Lomloe prohíba a los ayuntamientos ceder suelo público para construir más colegios.
El PP recurre, asimismo, la «supresión de la enseñanza de la Religión en condiciones equiparables a las demás enseñanzas fundamentales» y la privación de fondos públicos a las escuelas que separan por sexos, que han sido avaladas por el propio TC.
Por último, denuncia la «vulneración del derecho de los padres a elegir para sus hijos la educación especial y la previsión de un plan de integración de la educación especial en los centros ordinarios».
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