Tribunales
Varios vocales ven necesario presentar un conflicto de atribuciones al Tribunal Constitucional. La única vez que el Consejo planteó algo similar fue con la reforma de 1985
El presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ, Carlos Lesmes, el pasado septiembre en Barcelona.
POOL
El presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, acordó ayer solicitar un informe al Gabinete Técnico del órgano para analizar el alcance de la reforma del Gobierno de Pedro Sánchez, impulsada por los grupos parlamentarios de PSOE y Podemos, que limita sus funciones. Este movimiento del Consejo llega después de que el Senado aprobara esta misma semana la modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) que impide al órgano de gobierno de los jueces efectuar
nombramientos discrecionales mientras se encuentre en funciones, es decir, con el mandato prorrogado. En el CGPJ quieren saber si es procedente plantear en este caso un conflicto de atribuciones ante el
como se hizo en 1985 cuando se cambió el sistema de elección de los vocales, muerte de
Montesquieu
mediante.
Según informan fuentes jurídicas a EL MUNDO, Lesmes adoptó esta decisión en el Pleno que tuvo lugar ayer a petición de varios vocales. Fue el consejero
Rafael Fernández Valverde
quien expuso en la reunión plenaria la necesidad de que el CGPJ contara con un informe jurídico que analizara los términos exactos en los que se reducen las competencias del órgano. Entre los vocales existe la duda, por ejemplo, de si se pueden seguir convocando plazas pese a que no se puedan realizar nombramientos. De aquí a finales de año se debían realizar 64 nombramientos por parte del Poder Judicial que ahora han quedado en el aire a la espera de que haya al fin un acuerdo político entre Gobierno y
para renovar la institución.
Con la idea de fondo de estudiar si es pertinente ir hasta el Constitucional por invasión de competencias, Lesmes decidió adelantar el Pleno del próximo mes de abril al día 22 (en principio debía celebrarse el día 28) debido a que la
Ley Orgánica del Tribunal Constitucional
(LOTC) da un mes de plazo al órgano que quiere plantear el conflicto de atribución para ponerlo en conocimiento del otro órgano constitucional afectado, es decir, en este caso las Cortes Generales.
Por otro lado, el artículo 73 de la LOTC recoge que «si el órgano al que se dirige la notificación afirmara que actúa en el ejercicio constitucional y legal de sus atribuciones o, dentro del plazo de un mes a partir de la recepción de aquella no rectificase en el sentido que le hubiera sido solicitado, el órgano que estime indebidamente asumidas sus atribuciones planteará el conflicto ante el Tribunal Constitucional dentro del mes siguiente». Con esos plazos, el presidente quiso ayer curarse en salud y adelantar el Pleno ordinario de abril para el caso en que haya que dirigir el requerimiento previo al Congreso y Senado antes de plantear propiamente el conflicto de atribuciones ante el TC .
Fuentes jurídicas subrayan que se trata de una «idea embrionaria» que hay que sopesar en profundidad pero no descartan que el Consejo decida acudir finalmente al tribunal de garantías. Sólo existe un precedente en la historia en el que el CGPJ haya planteado un conflicto de competencias ante el TC. Fue en 1985 cuando el Consejo que presidía
Federico Carlos Sainz de Robles
consideró que el
Congreso
había invalidado sus funciones al modificar el sistema de elección de los vocales con la aprobación de un nuevo proyecto de LOPJ. En aquella ocasión, el Constitucional desestimó el conflicto de competencia planteado por el CGPJ.
Por otro lado, tres de las cuatro asociaciones judiciales urgieron ayer al órgano de gobierno de los jueces a
ante la entrada en vigor de la controvertida reforma. «Instamos al CGPJ a fin de que, a la mayor brevedad, adopte las medidas oportunas y ejerza las acciones a su alcance en defensa de sus competencias y, por tanto, en defensa de la
Constitución
», recogía el comunicado conjunto de la
Asociación Profesional de la Magistratura
, la
Asociación Judicial Francisco de Vitoria
y el
Foro Judicial Independiente
. «Ya se ha conseguido lo que se pretendía: reducir al CGPJ a un simple órgano de gestión, asimilado a una simple dirección general», denunciaron.
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